La ley 16.246 de 1992 marcó un antes y un después en la actividad portuaria; trasciende a los distintos gobiernos y, pese a los obstáculos de ayer, hoy no hay fuerza política que no la elogie
Con mucho esfuerzo, innumerables obstáculos y un sinfín de negociaciones para llegar al texto final y su reglamentación, en abril de 1992 la ley de puertos, la número 16.246 se hizo realidad.
Atrás quedaron las controversias y hoy, un cuarto de siglo después, es considerada revolucionaria de manera casi unánime, incluso por algunos detractores y opositores de la época en que fue sancionada.
La ley de puertos insertó la actividad portuaria y estableció un marco normativo y un régimen para el comercio exterior (el puerto libre) que permitió el desarrollo exponencial, al hacer competitiva la actividad marítimo-portuaria del país, un pilar fundamental para la economía uruguaya.
La ley permitió que, con los cambios y las inversiones, el puerto de Montevideo se ganara un lugar en la región y dejara de ser visto por el mundo como un puerto “sucio”. Ganó en competitividad, en eficacia y, por fin, se pudo utilizar en su máxima expresión aquellos muelles que los visionarios de hace más de 100 años construyeron para que atendiera la demanda impensada un siglo después.
Con el tiempo el puerto ha quedado chico y se ha trabajado para ampliarlo; pero la norma sigue quedando a medida y, en ocasiones, grande, ya que muchas veces no es aprovechada en su totalidad.
El ambiente habla de un paquete de medidas de segunda generación, pero no duda en que, primero, lo importante es que se cumpla la ley en su máxima expresión.
Por otra parte, con el paso de los años, los distintos actores consultados por Comercio Exterior & Transporte han repetido una y otra vez, públicos y privados, sin distingos de color político, que desde 1992 la ley de puertos ha sido una política de Estado.
Ha pasado un cuarto de siglo, se han alternado los partidos y el puerto ha seguido creciendo, sorteando obstáculos a veces y aprovechando el viento a favor otras, ha influjo de la inversión, mayoritariamente privada, y del marco jurídico que la ley ha otorgado.
No es casualidad que la operativa de mayor destaque en el puerto de Montevideo sea la de contenedores en tránsito, pues esta actividad está favorecida por el régimen de puerto libre y por la eficiencia y seriedad de los operadores.
De esta forma, siendo un puerto con poco respaldo del mercado local (en materia de volumen), el flujo de carga captado en la región permite que los buques de gran porte hagan sus escalas regulares en sus muelles, lo que redunda en mayor disponibilidad de bodega para las exportaciones uruguayas, lo que equivale a decir; menor costo de flete y mayor competitividad de la producción nacional en el mundo.
En otro orden, la ley de puertos terminó con el monopolio estatal, instauró la competencia y la autoridad es el garante de que esto se cumpla.
Asimismo, hoy en el puerto conviven un sin número de actividades, desde operaciones de carga y descarga, depósitos intra y extraportuarios, depósitos logísticos y almacenaje.
Con esto el desarrollo ha sido exponencial, se han generado puestos de trabajo a lo largo y ancho de toda la cadena, con empleos de mano de obra no calificada hasta de alta calificación.
Es por eso que el puerto ha ganado en tecnificación, capacitación continua y profesionalización de recursos humanos.
La ley de puertos cumple un cuarto de siglo y sigue poniendo a Uruguay en la vanguardia de la región en esta materia.
FUENTE: EL OBSERVADOR
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